Fiscalía pediría que en otra región se hagan audiencias contra acusados de Tambo

Las audiencias de control de acusación por los casos de disturbios y extorsión en torno a las protestas en contra del proyecto minero Tía María de la empresa Southern se podrían trasladar a Lima o a cualquier otra parte del país.

Esta posibilidad la dio a conocer la fiscal de Crimen Organizado que lleva el caso, María Alejandra Cárdenas, luego de que dirigentes anunciaran un paro en el sur del país si el Poder Judicial admite llevar a juicio a los implicados en los procesos.

Cárdenas señaló que si se vuelve a alterar el orden público y no hay las suficientes garantías, el caso perdería la condición de público y pasaría a ser reservado. Para ello la Fiscalía tiene que hacer el pedido y el Poder Judicial aprobarlo.

Por razones de seguridad, la sede de la audiencia se puede modificar mas no los representantes del Ministerio Público y de la Corte de Arequipa.

El juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Jaime Coaguila, es quien lleva el proceso. Según Cárdenas, él también tendría que movilizarse, al igual que los acusados.

Separación de proceso

Cárdenas Ávila pidió la desacumulación (separación) del proceso para los investigados Pepe Julio Gutiérrez, exdirigente, y Jesús Gómez Urquizo, abogado, debido a la cantidad de investigados. Sin embargo, el juez no se la otorgó.

“El juez consideró que el trasfondo de la investigación es el contenido patrimonial, es decir, las protestas por el dinero”, dijo Cárdenas.

En total son 23 personas, entre dirigentes, alcaldes y exautoridades de la provincia de Islay, acusadas por la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, disturbios, motín, entorpecimiento de tránsito y otros. Las protestas se efectuaron en el 2015 en el valle de Tambo.

Además está el proceso por extorsión en contra de Pepe Julio Gutiérrez, quien fue excarcelado hace unos meses.

Ministro pide diálogo

El ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo Ocola, señaló que es necesario conversar con los agricultores claramente para ver qué piensan.

“Bajo el planteamiento que hubiere y sobre las garantías que nos den, recién evaluaremos (el Gobierno) una posibilidad de intervención”, dijo. Para el ministro, es importante que las dos actividades se complementen, pero sin poner en riesgo el agro.

FUENTE: LA REPÚBLICA